La Unión Europea ha implementado un arancel adicional para productos de metal y aluminio que no se fabrican conforme a los criterios ambientales y climáticos europeos. La introducción de este impuesto al carbono tiene como objetivo proteger a la industria siderúrgica europea frente a las importaciones de países fuera de la UE.
Los costos del llamado impuesto CBAM los pagan los importadores, quienes pueden repercutir estos gastos a sus clientes. Por ello, los precios para los compradores dentro de la UE, incluidos los sectores agrícola e industrial, aumentan.
Desde el 1 de enero, el CBAM está plenamente vigente en la Unión Europea. Este mecanismo se enfoca en productos con alta intensidad de carbono, como acero, aluminio y fertilizantes, y forma parte de la política climática más amplia de la UE.
La política climática busca reducir la contaminación ambiental, pero también genera preocupaciones sobre la competitividad, la accesibilidad económica y la posición de sectores que dependen fuertemente de importaciones.
Con el CBAM, la UE quiere evitar que los productores europeos se vean perjudicados por importaciones provenientes de países sin impuestos de CO₂ comparables. El sistema pretende garantizar condiciones de competencia más equitativas entre la producción interna y las importaciones.
Al mismo tiempo, en la UE se escuchan demandas para crear excepciones o suspensiones temporales del mecanismo. Algunos países y sectores de la UE advierten que el CBAM podría causar daños económicos si se aplica sin cambios. Las modificaciones o suspensiones solo pueden realizarse tras la aprobación de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, lo que ralentiza el proceso.
Para las empresas ucranianas, el CBAM ya tiene consecuencias directas. Desde su plena implementación, los productores de metal han perdido clientes en la UE y han reducido la producción. Los costos adicionales por tonelada dificultan las exportaciones.
Un gran productor de acero ucraniano informó que casi la mitad de su producción anual se ve afectada porque los clientes europeos ya no realizan pedidos. Las empresas llaman al gobierno ucraniano a intensificar las negociaciones con la Comisión Europea para obtener un aplazamiento.