Después de que el sitio de noticias Politico realizara una investigación sobre el fraude en el sector agrícola griego, las autoridades informaron que llevarían a cabo una investigación propia. El ministro de Finanzas griego, Tsiaras, afirmó que Atenas "no puede poner en riesgo el flujo de fondos europeos" y que la "transparencia total es esencial para garantizar que las subvenciones lleguen a quienes realmente las merecen".
Se dijo que se trataba de un esquema en el que miles de agricultores y solicitantes recibían financiación con fundamentos falsos, pero la Agencia Griega de Pagos y Control de Regímenes Comunitarios de Ayuda (OPEKEPE) informó que sólo están investigando 400.000 € (419.149 $), con muchos solicitantes devolviendo el dinero o nunca habiendo recibido pagos.
El ministro de Agricultura, Kostas Tsiaras, ordenó más auditorías y está trabajando en un nuevo proyecto de ley para mapear los pastos agrícolas. El sitio de noticias reportó que desde 2017, ciudadanos griegos recibieron subsidios agrícolas por praderas que no poseían ni alquilaban, o por actividades agrícolas que nunca se realizaron.
Grecia cuenta con más de 6000 islas, de las cuales unas 250 están habitadas. Sólo alrededor de 80 islas tienen más de 100 habitantes. Debido a esta estructura geográfica, el país casi no tiene un catastro bien registrado y el gobierno central en Atenas tiene poca supervisión y control sobre las actividades locales (agrícolas). Esto también afecta la recaudación de muchos impuestos. Así sucedía también en 2010, cuando estalló la crisis de la deuda griega, tras revelarse que Atenas había proporcionado durante años datos incorrectos o falsificados a Bruselas.
Las autoridades afirman que han encontrado más de 16.000 identificaciones fiscales vinculadas a reclamaciones irregulares y que han verificado 7.786 para su revisión, con 1.497 bajo supervisión judicial y la policía financiera investigando otras 2.767.
Un informe de la UE afirma que la investigación de la fiscalía europea EPPO no solo se centra en beneficiarios fraudulentos, sino también en la posible implicación de autoridades de la organización griega encargada de distribuir las subvenciones agrícolas.
La mayoría de las solicitudes sospechosas provinieron de Creta, que en 2020 recibió dos tercios del total de subvenciones agrícolas de Grecia. En algunos casos, los beneficiarios incluso recibieron subsidios por tierras fuera de Grecia.
EPPO investiga el caso desde 2021 y ya ha presentado setenta casos ante los tribunales griegos. En la ciudad de Rethymno, personas condenadas han recibido penas que van de 12 a 24 meses de prisión.
En otro caso, un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Rural y su familia están acusados de haber reclamado subvenciones de la UE por 450 hectáreas en una zona montañosa cerca de la frontera con Albania.