En las nuevas normas, los países de la UE acuerdan repartir la llegada de nuevos solicitantes de asilo lo más equitativamente posible entre todos los Estados miembros. Esta ‘ley de reparto’ pretende evitar que la mayoría tengan que ser alojados en los países de llegada como Grecia, España e Italia. Los países de la UE que no quieran cooperar pueden librarse contribuyendo económicamente al alojamiento en otros Estados miembros.
También se trabaja en una recuperación parcial del llamado acuerdo de Dublín y las normas de viaje de Schengen, mediante las cuales las decisiones sobre solicitudes de asilo serán vinculantes entre sí nuevamente.
MÁS EXPULSIONES
Las nuevas reglas están destinadas a los solicitantes de asilo que no tienen derecho a residir en un país de la UE. Según los ministros de asilo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo, el sistema debe ser más sencillo, rápido y eficaz, porque actualmente solo una parte limitada de los solicitantes de asilo rechazados regresa realmente a su país de origen.
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FUERA DE LA UE
Una parte importante del acuerdo es la posibilidad para los países de la UE de pactar con países no pertenecientes a la UE sobre la creación de centros de retorno. Los solicitantes de asilo rechazados pueden ser “alojados temporalmente” allí en espera de su rechazo formal y legal. Grupos de derechos humanos denominan esto “expulsión” y “detención”. Para tales centros de detención es necesario primero firmar un acuerdo con el país anfitrión.
El reglamento también da a los ministros de asilo más posibilidades para retener a personas cuando, por ejemplo, no colaboran con su retorno o cuando existe riesgo de que eludan la supervisión. La duración máxima de la detención se amplía respecto a las normas vigentes.
VINCULANTE
Además, se introduce una orden europea de retorno vinculante. Esto debe hacer que las decisiones de retorno sean más reconocibles, facilitando la cooperación entre países para ejecutar los procedimientos de retorno. Con esto, los países de la UE intentan volver a la situación anterior a 2015, cuando los Estados miembros (normalmente) respetaban los acuerdos entre ellos.
El acuerdo forma parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria europea. Varios países de la UE ya mantienen conversaciones con Estados fuera de la UE sobre la posible creación de centros de retorno. Italia ya ha establecido un centro cerrado de acogida en Albania, aunque aún no está en funcionamiento.
CREÍBIL
Los opositores advierten que las nuevas reglas pueden provocar más detenciones y mayores riesgos para los migrantes. Los partidarios, en cambio, argumentan que la Unión Europea necesita una política de retorno creíble y eficaz.
El acuerdo provisional debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de que las nuevas reglas entren en vigor de forma definitiva.