La ley, que fue aprobada recientemente por el parlamento ucraniano y firmada por el presidente, otorga al fiscal general un papel central en la incautación de bienes en casos de corrupción. Antes, los organismos anticorrupción tenían competencias más autónomas. El nuevo modelo debería prevenir fraudes y abusos de poder, pero genera muchas preocupaciones.
El núcleo de la crítica es que las dos principales instituciones para combatir la corrupción, NABU y SAPO, pierden su eficacia. Solo podrán incautar bienes cuando el fiscal general otorgue permiso explícito. Según los opositores a la ley, esto los hace dependientes de la dirección política, poniendo en riesgo su independencia.
La Comisión Europea ha formulado preguntas contundentes sobre las consecuencias de la ley para el Estado de derecho y la independencia de las instituciones. La UE enfatiza que un enfoque creíble contra la corrupción sigue siendo una condición fundamental para continuar con las negociaciones de adhesión con Ucrania. También recordó compromisos anteriores en los que Ucrania prometió reforzar su política anticorrupción.
Desde Bruselas se valora el compromiso de Ucrania de que el parlamento está dispuesto a implementar ajustes. Funcionarios ucranianos declararon que se toma en serio la preocupación de la UE y que la nueva ley será mejorada. Además, se revisarán las competencias exactas de las instituciones implicadas y el papel del fiscal general.
La situación ha provocado en Ucrania un debate sobre el equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la protección frente a abusos de poder en el sistema judicial. Los defensores de la ley argumentan que se requieren mecanismos de control más estrictos para evitar arbitrariedades y abusos de autoridad. Los opositores temen que la reforma se utilice para influir en las investigaciones.
La polémica surge en un momento en que Ucrania quiere posicionarse como un candidato confiable para la membresía en la UE. Bruselas espera que los países candidatos adopten plenamente los principios del Estado de derecho. Cualquier obstáculo para la independencia de las instituciones judiciales se ve como una barrera grave para la integración futura.
Las próximas semanas serán decisivas para la dirección que tome Ucrania. Aunque aún no se han presentado modificaciones concretas a la ley, está claro que el país está bajo una supervisión incrementada. Tanto la presión interna como las expectativas internacionales obligan a Kiev a revisar la legislación sobre la lucha contra la corrupción.