El país quiere ingresar en la UE, pero para ello debe introducir mejoras en el sistema estatal. La UE vincula los pagos de ayuda al progreso medible en esta agenda de reformas.
Ucrania ha acordado con la UE dieciséis áreas políticas en las que debe aplicar mejoras para poder optar a la adhesión. Estas áreas van desde reformas jurídicas hasta transparencia económica.
Cada mes se evalúa el progreso. Si la valoración es negativa, ello puede tener consecuencias directas en la cantidad y ritmo de la ayuda financiera.
En la evaluación reciente, Bruselas decidió reducir el cuarto tramo del paquete de ayuda. Ucrania recibirá ahora 3,05 mil millones de euros en lugar de los 4,5 mil millones previstos inicialmente. Esta reducción de 1,45 mil millones de euros está relacionada con reformas pendientes.
Un nuevo punto de atención es la reforma de las dos oficinas nacionales anti-corrupción. La Unión Europea exige a Kiev que aclare cómo se garantizan las competencias de estas instituciones.
Mientras esto no ocurra, Bruselas no realizará pagos adicionales. La Comisión Europea considera la lucha independiente contra la corrupción una condición fundamental para continuar con la ayuda.
Según críticos, la labor de investigación de las agencias anticorrupción corre el riesgo de ser limitada. Las reformas previstas podrían dar más poder al fiscal general sobre estas instancias, lo que podría poner en peligro su independencia política. Kiev, por su parte, sostiene que no hay interferencia y que las reformas están destinadas a actuar de manera más eficaz contra la corrupción.
Ucrania ha logrado avances en varios ámbitos en los últimos meses, pero el ritmo no resulta suficiente en todos los aspectos. Funcionarios europeos subrayan que Ucrania debe mantener una línea creíble. Sólo así se podrá conservar la confianza de las instituciones de la UE y quedar disponibles los siguientes tramos de ayuda.
Aunque Kiev insiste en que el proceso de reformas es complejo y requiere tiempo, la UE mantiene el principio de "dinero por resultados". Esto significa que la ayuda financiera adicional solo se entregará cuando se demuestren reformas efectivas.

