Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones contra cuatro jueces de la CPI. Estos están involucrados en la investigación de posibles crímenes de guerra en la Franja de Gaza. EE.UU. acusa al tribunal de parcialidad política, pero, según la CPI y la UE, no presentan pruebas concretas al respecto.
La Unión Europea respondió con una severa desaprobación. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y otros funcionarios de alto rango subrayaron que la UE apoya plenamente a la CPI. Afirmaron que las sanciones estadounidenses son un intento de socavar el proceso judicial independiente. Borrell declaró que el trabajo del tribunal "es crucial para la justicia y la rendición de cuentas".
Varios funcionarios de la UE han pedido activar la legislación europea existente que protege a las instituciones de la UE contra sanciones extraterritoriales de terceros países. Esta llamada 'norma de bloqueo' podría evitar que los ciudadanos de la UE cumplan sanciones que, según el derecho de la UE, son ilegales.
La propia Corte Penal Internacional emitió una declaración oficial en la que condena enérgicamente las sanciones estadounidenses. El tribunal calificó las medidas de "sin precedentes" y afirmó que afectan no solo a jueces individuales, sino que también socavan el mandato más amplio de la CPI.
El asunto también genera tensiones políticas dentro de la OTAN. Según Arab News y Al Jazeera, diplomáticos temen que el conflicto entre EE.UU. y la CPI presione la cooperación dentro de la alianza. Especialmente porque varios países de la OTAN, incluida Holanda, están involucrados en la CPI.
Holanda, como país anfitrión de la CPI, se ha expresado explícitamente en contra de las sanciones estadounidenses. El Ministerio de Asuntos Exteriores holandés enfatizó que el tribunal es independiente y que sus jueces merecen protección contra presiones extranjeras.
A pesar de la presión estadounidense, la UE mantiene su apoyo a la CPI y subraya que el tribunal es una piedra angular del orden jurídico internacional. Según ellos, las instituciones judiciales no deben estar sujetas a intimidación política.
Aunque la UE adopta una postura firme, sigue sin estar claro si la Unión realmente emprenderá acciones legales contra las medidas estadounidenses y si la 'norma de bloqueo' será activada. El debate al respecto continúa dentro de la UE.