Las normas dentro de la UE prohíben el uso de ciertos pesticidas considerados dañinos. Al mismo tiempo, la legislación europea permite que estas sustancias se produzcan y se exporten a países fuera de la Unión. Esto hace que productos prohibidos en Europa terminen siendo usados en campos de América Latina, África y Asia.
Documentos oficiales muestran que en 2024 los países de la UE aprobaron la exportación de casi 122.000 toneladas de dichos pesticidas prohibidos. Esto representa un fuerte aumento en comparación con años anteriores. Las empresas deben presentar notificaciones especiales para exportar, pero el control final sobre el volumen del comercio sigue siendo limitado.
El aumento está relacionado con el hecho de que en los últimos años la UE ha incluido más sustancias en la lista de prohibidas. Mientras que su uso en la agricultura propia se volvió imposible, las fábricas continuaron produciendo los mismos productos para el mercado extranjero. Como resultado, la exportación ha crecido mecánicamente junto con la lista de productos prohibidos.
Las organizaciones ambientales han criticado duramente esta práctica durante años. Hablan de una doble moral: sustancias químicas peligrosas se prohíben para los consumidores europeos, pero se exportan sin objeciones a países con normas a menudo más débiles y menor protección para agricultores y habitantes.
La Comisión Europea reconoció en documentos políticos anteriores que esta situación contradice la ambición de un entorno libre de tóxicos. Se prometió en repetidas ocasiones que Bruselas presentaría una propuesta para prohibir la exportación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado tal propuesta.
Según las organizaciones, el poderoso lobby agroquímico desempeña un papel en el retraso de las medidas. Además, varios países de la UE no han actuado con rapidez para implementar normas más estrictas, lo que permite que las empresas sigan produciendo y exportando.