La medida forma parte de las sanciones europeas más amplias contra Moscú desde el inicio de la invasión en 2022. Bruselas afirma que se necesitan reglas de visado más estrictas para poder controlar con mayor frecuencia a los rusos y tener un mejor control sobre quién accede al espacio Schengen.
Según funcionarios de la UE, hay crecientes preocupaciones sobre espionaje, sabotaje y campañas de desinformación impulsadas desde Rusia. También se mencionan como motivos para el endurecimiento el uso de migración ilegal y la interrupción de infraestructuras europeas (espacio aéreo y trenes).
Existen excepciones para grupos específicos, entre ellos familiares de ciudadanos de la UE o rusos con residencia legal, personal de transporte, disidentes, periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Para ellos, los países de la UE aún podrán emitir una visa múltiple con una validez limitada de hasta un año.
Las nuevas normas no tienen efecto retroactivo. Las visas existentes siguen siendo válidas y los rusos con ciudadanía de la UE o permiso de residencia válido no se ven afectados por el cambio. El número de visas otorgadas ya había disminuido considerablemente en los últimos años — de aproximadamente cuatro millones anuales antes de la guerra a cerca de medio millón.
La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, defendió la decisión diciendo que “viajar a la UE es un privilegio, no un derecho.” Según ella, la nueva política refleja la realidad cambiada en materia de seguridad en Europa.
Moscú respondió duramente. La portavoz María Zajárova acusó a Bruselas de discriminación y afirmó que la medida “favorece a los migrantes ilegales por encima de los turistas rusos que respetan la ley.” Llamó a Kallas “una persona con una inteligencia rara” y anunció que Rusia está considerando represalias.