Una nueva investigación del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) muestra que en los últimos años cada vez más administraciones públicas (nacionales, regionales y locales) contactan directamente con proveedores específicos para sus contratos.
La reforma de 2014 y una modificación en 2017 no lograron mejoras significativas. Tanto los licitadores como las administraciones las consideraron engorrosas en comparación con las licitaciones más flexibles en el sector privado. La proporción de contratos públicos adjudicados a pequeñas y medianas empresas (PYMES) tampoco aumentó.
Los tres principales indicadores de competencia en los contratos públicos — licitaciones con un único oferente, adjudicaciones negociadas y número de licitadores — siguieron siendo insatisfactorios en la mayoría de los Estados miembros. En 2021, casi la mitad de todos los contratos se adjudicaron mediante procedimientos con un solo licitador.
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Según los auditores del Tribunal de Cuentas, las adjudicaciones negociadas sólo están permitidas en circunstancias muy específicas; frenan la competencia y deberían ser una excepción. Sin embargo, este tipo de adjudicaciones aumentaron en casi todos los Estados miembros y representaron alrededor del 16 % de todos los procedimientos de contratación reportados en 2021.
Además, el número de contratos públicos con un solo licitador se ha casi duplicado en toda la UE desde 2011. El número de empresas que presentan ofertas se ha reducido casi a la mitad, de aproximadamente seis a tres por procedimiento.
“En los últimos diez años no ha sido posible aumentar la competencia en los contratos públicos en la UE. Lamentablemente, ahora estamos ante una década perdida”, afirma Helga Berger, miembro del TCE responsable de esta auditoría. El Tribunal considera que la Comisión Europea debe presentar un plan de acción para hacer que los contratos públicos sean más atractivos para las empresas.