Dentro de unas semanas, empresas como TikTok, X y Facebook serán interpeladas sobre este tema en una reunión de expertos en Bruselas. Allí se les recordará las normas más estrictas de la Ley de Servicios Digitales europea (DSA).
La Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) de los Países Bajos y la Comisión Europea quieren evitar que las plataformas en línea contribuyan a influir en los votantes o a perturbar los procesos electorales. Según la DSA, las grandes plataformas tienen la obligación legal de tomar medidas proactivas contra la desinformación y el abuso, especialmente durante periodos electorales.
La advertencia surge en parte a raíz de eventos recientes en Rumania, donde durante las elecciones se desató una campaña masiva e inexplicable en TikTok. Esa avalancha de videos generó preocupación sobre la posible manipulación del electorado. En una parte del país, el resultado electoral tuvo que ser declarado inválido.
Por ello, la Comisión Europea ha iniciado una investigación formal contra TikTok. Se examinan posibles infracciones de la DSA, incluyendo la insuficiente restricción de anuncios políticos y la falta de acción frente a campañas coordinadas de desinformación. El resultado de esta investigación podría conllevar sanciones severas.
En los Países Bajos, la ACM ha enviado cartas a las plataformas subrayando que deben estar especialmente vigilantes en época electoral. Se espera que impidan que sus servicios se usen para influir políticamente o difundir noticias falsas. Esto aplica tanto a campañas pagadas como a contenido orgánico.
Se presta especial atención a la prohibición de anuncios políticos dirigidos a votantes en la UE que no cumplan con las normas de transparencia y origen. Las plataformas deben dejar claro quién está detrás de un mensaje y cómo se financia, para que los votantes puedan tomar decisiones informadas.
Durante la reunión de septiembre, los supervisores europeos y neerlandeses enfatizarán que las infracciones a la DSA pueden conllevar multas elevadas. Para las plataformas más grandes, estas multas pueden ascender a un porcentaje significativo de su facturación anual global. El mensaje es que la prevención es prioritaria, antes de que surjan problemas.
La acción conjunta de La Haya y Bruselas subraya que las plataformas en línea tienen una responsabilidad directa en la protección de los procesos democráticos en los Estados miembros de la UE. El énfasis está en evitar la repetición de incidentes como los de Rumania, para que las elecciones de octubre se desarrollen de forma libre y justa.
Este enfoque se enmarca dentro de la estrategia europea más amplia de regular con mayor rigor los servicios digitales y gestionar mejor su impacto social. Para las empresas de redes sociales, esto significa reforzar significativamente sus sistemas, controles y moderación para cumplir con la ley.