El núcleo del conflicto gira en torno al Tribunal Constitucional polaco nombrado por el presidente. Según el Tribunal de Justicia de la UE, este tribunal ha violado principios fundamentales del derecho europeo y no puede ser considerado independiente ni imparcial. Esa sentencia revela viejas fracturas en la política polaca.
El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, afirma que sigue una línea proeuropea. Su gabinete no reconoce las decisiones del Tribunal Constitucional que entran en conflicto con el derecho de la UE y considera la reciente sentencia europea como una obligación para intervenir.
La presidencia se posiciona radicalmente en contra. El presidente Karol Nawrocki no ha apoyado reformas del sistema judicial. Por ello, los intentos del gobierno de revertir cambios previos han permanecido bloqueados.
La tensión surge de las reformas del anterior gobierno del PiS, en las que se ejerció influencia política sobre los tribunales superiores. El Tribunal Constitucional desempeñó un papel central y declaró previamente que la Constitución polaca prevalece sobre el derecho de la UE.
Esa postura choca directamente con el gobierno. Este sostiene que los valores de la UE son jurídicamente vinculantes y que Polonia no puede evadirlos. Según el gobierno, el Tribunal polaco socava así el estado de derecho y la posición de Polonia dentro de la Unión Europea.
El propio Tribunal Constitucional se opone. Afirma que la sentencia europea no afecta su funcionamiento y que el tribunal europeo no tiene competencia sobre el tribunal polaco. Así, el estancamiento institucional persiste.
Mientras el presidente y el gobierno mantienen posturas enfrentadas, sigue incierto cómo y cuándo serán posibles las reformas. Lo cierto es que la sentencia de Luxemburgo ha agudizado el conflicto y ha expuesto aún más la división política en Polonia.