La Comisión Europea exige una pronta rectificación; los agricultores griegos y las agencias pagadoras ya sienten las consecuencias.
En Letonia, la fraude se centró en proyectos de desarrollo rural. Una empresa desvió más de nueve toneladas de ayudas de la UE y estatales mediante licitaciones simuladas con empresas relacionadas y documentos falsos. Las cantidades sustraídas fueron devueltas al servicio rural letón. El culpable y la empresa fueron excluidos durante tres años de convocatorias de proyectos y se les impusieron multas.
Según la Fiscalía Europea (EPPO), el abuso en Rumanía consistió en reclamar indebidamente subsidios para pastizales. Un pastor gestionaba arrendamientos e inscripciones a nombre de familiares y una empresa propia, mientras funcionarios de la organización nacional de pagos ayudaban a que parcelas no evaluadas, superficies sobrevaloradas e incluso terrenos con bosques fueran considerados elegibles para subsidios. Se aseguraron millones de euros y se embargaron bienes.
La justicia europea dibuja en ambos casos un patrón fijo: fraude con fondos agrícolas de la UE mediante licitaciones falsas o engañosas, reclamaciones infladas artificialmente y abuso de los sistemas de control. En Letonia esto ya llevó a una condena definitiva; en Rumanía se presentó una acusación y se ordenaron embargos.
En Grecia, las consecuencias ya se sienten. Los pagos a los agricultores llevan meses retrasados, reteniendo cientos de millones de euros y causando problemas de liquidez. Se aceleró la reforma del organismo pagador OPEKEPE; las tareas se están transfiriendo a la autoridad fiscal griega, con controles más exhaustivos antes del pago. Al mismo tiempo, Bruselas advierte que los subsidios podrían suspenderse si no se corrigen a tiempo las deficiencias.
Además, la justicia europea interviene en expedientes individuales en Grecia. Se congelaron bienes de los implicados y continúan las investigaciones sobre irregularidades a gran escala. Tales medidas deben evitar que subsidios de la UE pagados indebidamente se pierdan. Las organizaciones agrícolas insisten en que los beneficiarios legítimos necesitan mayor rapidez en la claridad y el pago.
La Comisión Europea impone a Grecia un calendario estricto. El núcleo es que Bruselas ya no se conforma con muestreos y controles en papel. La verificación integral de propiedad, uso y actividades empresariales debe ser estándar antes de que se entregue el dinero.
Esto no solo afecta a Grecia: los casos de Letonia y Rumanía muestran que la fraude con fondos agrícolas de la UE sigue siendo rentable mientras la contratación y el registro nacionales sean vulnerables.