El centro de las críticas es la nueva arquitectura jurídica y financiera de la política agrícola común (PAC). Por primera vez desde 1962, no existiría un fondo agrícola separado. En su lugar, los fondos agrícolas se incluirán en un fondo amplio dentro del marco financiero plurianual 2028-2034.
Este fondo, con un volumen de aproximadamente 865 mil millones de euros, debe agrupar varios programas políticos de la UE en planes nacionales por país miembro. Según el Tribunal de Cuentas, esto aumenta la incertidumbre para la agricultura. El presupuesto total se establecerá definitivamente sólo después de que se aprueben y establezcan los planes nacionales por cada país, y hayan sido autorizados por Bruselas.
Para la agricultura se ha previsto un recorte de decenas de miles de millones porque la UE desea destinar mucho dinero adicional en los próximos años para fortalecer la economía europea y para Defensa. Además, se mantienen decenas de miles de millones agrícolas "en reserva". Se solicita a los países de la UE que incrementen sus contribuciones a la agricultura, pero el sector debe esperar a ver si esos países realmente lo harán.
Otro punto importante de preocupación es la mayor flexibilidad para los países de la UE en sus elecciones y en la implementación de sus planes nacionales. Aunque la adaptación a medida puede tener ventajas, el TCE advierte que esto puede debilitar el carácter común de la política agrícola y provocar distorsiones de la competencia entre países de la UE.
Esta mayor autonomía para los países de la UE en la política agrícola se inició hace varios años con la introducción de los denominados planes estratégicos nacionales, impulsada también por agricultores y sus organizaciones que se oponían a una excesiva influencia de Bruselas.
También existe incertidumbre sobre qué medidas deben evaluarse en función de la producción real y cuáles según hitos aritméticos o metas teóricas. Según el TCE, en todos los casos debe garantizarse el deber de rendición de cuentas y la trazabilidad de las ayudas europeas hasta los beneficiarios finales. En los últimos años, en varios países de la UE ha quedado claro que se han producido manipulaciones y fraudes con las subvenciones agrícolas europeas.
La Comisión defiende sus propuestas y afirma que el nuevo diseño está pensado para reducir las cargas administrativas para los agricultores y acelerar el apoyo financiero a los agricultores. El próximo año se espera que las discusiones en Bruselas sobre la nueva política agrícola se desarrollen paralelamente a las negociaciones sobre el nuevo marco financiero plurianual.